La Nación no respondió al borrador presentado por las provincias sobre la nueva ley de hidrocarburos, no sin diferencias entre ellas y con el liderazgo de Neuquén secundada por Mendoza.
Si bien ambas provincias están alineadas con el kirchnerismo, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, suspendió las reuniones programadas en las que la Nación debía dar su opinión sobre las reformas planteadas por los estados productores de hidrocarburos al proyecto oficial de una nueva legislación que rija para el sector.
En Neuquén, en donde el gobierno provincial “se sienta” sobre el megayacimiento de Vaca Muerta para formular sus planteos con fundamentos, reina el pesimismo ya que la salida (aparentemete forzada) del secretario de Energía, Daniel Cameron, tras diez años en su puesto, es considerada como un nuevo escollo hacia la puesta en común de las provincias con la Casa Rosada en materia de exploración y explotación hidrocarburífera, en donde los estados son soberanos, según la Constitución.
Según publicó hoy (miércoles 2) el diario “La Mañana” en la provincia patagónica, el presidente de la Ofephi y gobernador de Chubut, Martín Buzzi, viajó a Buenos Aires convocado por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para tratar el tema. Por la tarde también viajó el mandatario neuquino Jorge Sapag. Se preveía que habría una reunión, pero se pospuso por la renuncia de Daniel Cameron.
Sapag declaró al diario de su provincia que el encuentro “se postergó”. Además señaló que pidió una reunión de carácter “urgente” con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para tratar la situación de Petrolera Argentina, la pequeña refinería de Plaza Huincul que amenaza con cerrar.
“He golpeado todas las puertas de todos los ministerios de Nación para encontrar una solución”, indicó el gobernador, quien agregó: “Espero respuestas que permitan sostener una fuente laboral de cientos de trabajadores, que agrega valor en la provincia y que permitiría ahorrar millones de dólares en divisas, sustituyendo las importaciones”.
Sapag recordó que el principal problema para las pequeñas destilerías locales es la exención del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) a las importaciones, lo cual “genera una competencia desleal hacia las pymes radicadas en la provincia”.
Indefinición en Corrientes. En tanto, un nuevo escollo se sumó a la planificada exploración petrolífera en Corrientes. Se trata de un pedido que ingresó al Congreso de la Nación para frenar el avance de los trabajos exploratorios sobre territorio del Acuífero Guaraní.
El freno provino desde Entre Ríos que siente que se verá afectada por esa industria. El programa de exploración de hidrocarburos no convencionales en Corrientes se aprobó por decreto 456 dictado por el gobierno de esa provincia en marzo de este año y homologa en el territorio provincial la resolución 337/2013 de la secretaría de Energía de la Nación.
Divide a la provincia en seis regiones, dos de las cuales son limítrofes con Entre Ríos: zona Mercedes y zona Esquina, que incluye Esquina, Curuzú Cuatiá y Goya.
Pero la legisladora socialista entrerriana Emma Bargagna (FAP), reclamó al gobierno de Sergio Urribarri “que haga saber al nacional y al de Corrientes que, en cumplimiento de las obligaciones que surgen del acuerdo celebrado por las repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, -aprobado por la Nación Argentina por Ley 26.780 (promulgada el 19 de noviembre de 2012)- deberán abstenerse de continuar avanzando con la ejecución del Plan de Exploración Hidrocarburífera sobre el Acuífero Guaraní, por ser contrario al deber asumido de mantener la sustentabilidad del recurso y no causar perjuicio a la región y al medio ambiente”.
“La finalidad implica someter a la región a una producción alta y comprobadamente contaminante sobre el recurso de agua dulce más importante de América, tercero en importancia en el mundo”, fundamentó la legisladora opositora.
El Acuífero se extiende en el subsuelo de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, parte de Santa Fe y parte del Chaco. Nos conecta con su agua dulce y provee de agua dulce destinada a múltiples servicios y funciones.
La política se mancha de petróleo. Fue el mandatario chubutense, sin embargo, quien recibió el mayor golpe que él mismo sindicó como proveniente de sectores que están en contra a que las provincias mantengan la soberanía hidrocarburífera.
Dos temas de altísimo impacto en la opinión pública, el Mundial y la pelea de la Argentina contra los fondos buitres, dejaron en un segundo plano las negociaciones, por ahora mal encaminadas, entre las provincias petroleras y la Casa Rosada en torno a una ley que regule las inversiones en los yacimientos de combustibles no convencionales (shale), de crudos pesados, los de recuperación terciaria y los off shore. Pero la relación entre algunos gobiernos provinciales y la Nación por este tema viró, en sólo tres semanas, de la cordialidad a una guerra política con final impredecible.
Como es Neuquén la provincia que concentra el 70% del bloque Vaca Muerta, donde están los yacimientos de shale que podrían devolverles la perdida autonomía energética al país, el gobernador Jorge Sapag se ha convertido en el hueso más duro de roer para la Nación, que delegó las negociaciones al ministro de Planificación, Julio de Vido, por su muñeca política, virtud que no tiene el CEO de YPF, Miguel Galuccio, impulsor de la ley que propone el Gobierno nacional y que las provincias en mayor o menor medida resisten. Galuccio se ha convertido, para los mandatarios provinciales, en un enemigo a vencer en esta jugada de ajedrez que recién empieza y algunos ya no disimulan su encono para con el tecnócrata.
La semana que pasó, Martín Buzzi, su gobernador y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), salió a defenderse de un pedido de juicio político con el que lo amenaza el propio oficialismo chubutense, particularmente el kirchnerismo a través del ex ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, y del vicegobernador Gustavo Mac Karthy.
"No es casual que justo cuando estamos dando una batalla muy profunda por sostener la soberanía hidrocarburífera de la provincia aparezca este intento (de juicio político)", dijo Buzzi y dejó que sus funcionarios le pusieran nombre y apellido a quienes buscan que se lo investigue judicialmente por la expropiación de una empresa (Alpesca) para, iniciado el expediente judicial, tener así motivos para impulsar el Jury.
Pero quien se encuentra entrampado en la discusión es el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, quien se alineó con Neuquén, pero a quien no le conviene enfrentar a la Casa Rosada, sobre todo ahora que no sólo la oposición radical en la Legislatura le impide endeudarse para cubrir el rojo provincial sino que la Corte de Justicia, directamente, se lo prohibió con un fallo que puso al límite a su gobierno, que anunció dos caminos: frenar las obras en ejecución y no pagarle a los medios la publicidad, como una forma de presionar para conseguir apoyos a su favor en una batalla que es política e institucional hacia adentro, tras siete años de gobierno del mismo equipo.
Por ello, Mendoza, al necesitar del apoyo nacional y estar impedida de salir a buscar crédito, se llamaría a silencio en materia petrolera, abandonando a Neuquén en la lucha. Mientras todo esto pasa en las provincias, el gobierno nacional estira el tiempo para negociar en mejores condiciones.
Fuente: http://www.gacetamercantil.com/
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